¿Has oído hablar de las “terapias de conversión”?  Si tuviste el gusto de no hacerlo, en resumen, son  intervenciones  pseudocientíficas y/o religiosas que pretenden cambiar la orientación sexual o identidad de género de una persona. Por lo general conllevan abuso verbal, agresiones físicas o hasta privación de la libertad e ingesta obligada de medicamentos hormonales. 

Quienes apoyan estas prácticas encasillan y pretenden transformar a los miembros de la comunidad LGBTTIQ+ en los estándares  del binarismo de género y la heterosexualidad. Sin embargo, aunque sus principales promotores insisten en usar citas religiosas y argumentos psicológicos  falseados, no hay evidencia de ningún tipo que demuestre que los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG) puedan conceder lo que estos prometen. 

Al contrario, la CNDH, UNICEF, los miles de psicologos que conforman y consultan Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales (DSM)  o  cualquier institución u organizaciones que apele al cuidado de los derechos humanos, las describe como prácticas discriminatorias y crueles que, según el grado de dolor físico o mental, pueden ser equiparables a cualquier otro tipo de Tortura. 

Entre las tantas terápidas, el “recondicionamiento Orgásmico” se popularizo durante los setentas en Estados Unidos, en el cual obligaban a la victima a ver  imágenes de personas de su mismo sexo mientras le daban electrochoques. Pareciera que estas son cosas del pasado, pero en la actualidad hay cientos de denuncias, como la de Kenia Citlalli,  chica transgenero que sufrió de violencia física desde la niñez y que dentro de un ECOSIG se le obligaba a ingerir medicamentos y terapias conductuales: “Lo que siempre me decían era que un hombre debía ser un hombre y una mujer una mujer”

En la Encuesta Nacional de Sobre Diversidad Sexual y de Género realizada en el 2021  por el INEGI  se nos muestra que el 13.9% de las personas que se identifican como Trans fueron obligadas por un amigo o familiar a asistir con un médico, psicólogo, autoridad religiosa u otra persona o institución con el fin de cambiar su orientación o identidad. 

Organizaciones como VenSer en México, NARTH de los EE.UU o  Camino de Salida en Ecuador  promueven ideales anti-derechos y atacan abiertamente a cualquier institución o persona que difunda información acerca de la diversidad sexual o de género. Su contenido basado en prejuicios religiosos y morales es maquillado con falacias y reduccionismos para hacerlos pasar por un artículo con rigor científico, y así persuadir a las personas de asistir a sus “terapias”. En en palabras del Doctor en investigación psicológica,  Juan Luis Alvares Gayu, son solo  “una forma de enriquecerse a costa de la ignorancia de la gente” 

En México, las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Diversidad de la Camara de Diputados aprobó el 19 de abril del 2023 una dictamen que reforma el Código penal Federal en el cual se propone sancionar a quien realice, imparta, aplique, doble o financie cualquier tipo de ECOSIG. En específico, cualquier  tratamiento, terapia, servicio o práctica que “obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género”.

Cualquier persona que sea acusada de este delito podría enfrentar una condena de hasta seis años en prisión y una multa de más de cien mil pesos mexicanos. Así mismo, si estas prácticas fueron realizadas a una persona  menor de 18 años, a un adulto mayor o una persona con diversidad funcional, la condena podría aumentar al doble. 

También se aumentará la condena en el caso de que se haya empleado violencia física, psicológica o moral o si el agresor tenía alguna relación docente, laboral, doméstica, médica o cualquiera que implique un subordinación.   

En el  caso de que seas víctima de alguna ECOSIG o conozcas a alguien que lo haya sido, puedes acudir al ministerio público e iniciar una querella o solicitar que se investigue el delito. Si la persona afectada es menor de edad o no pretende hacer este proceso, se puede hacer una denuncia anónima vía telefónica o internet y las autoridades tienen la obligación de actuar de oficio.